Temas:  crisis económica, jubilación

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, considera que "hay un cierto consenso" y que "parecía una cifra razonable" elevar a veinte años el nuevo plazo para calcular el pago de las pensiones, en vez de los quince que se requieren ahora.

Corbacho dice que es "inevitable" aumentar el número de años trabajados para calcular las pensiones, con el fin de garantizar la viabilidad de la Seguridad Social.

El pasado enero, el Gobierno ya aprobó reformar el sistema de pensiones, con el retraso de la jubilación hasta 67 años e incluyendo un aumento de las bases de cotización y el periodo que se toma como referencia para el cálculo de la cuantía de la prestación, que actualmente está fijado en los últimos 15 años.

El ministro considera que el sistema actual "penaliza mucho a las personas que pierden su trabajo en la última etapa laboral", algo que, bajo su punto de vista, debe cambiar.

Parados y ofertas

Por otra parte, y dentro de la mis reforma laboral, Corbacho propone que los parados dispongan de un plazo de 30 días a partir del cual, si rechazan una oferta de formación o una propuesta de empleo, perderán el derecho a la prestación económica.

El decreto de reforma laboral extiende ese periodo a 100 días, pero una enmienda socialista, a debate este miércoles en el Senado, establece que la exigencia de participar en cursos se aplique desde el primer día, tras la inscripción en los servicios públicos de empleo.

"Nos parece normal que una persona que pierde el empleo pueda necesitar 30 días para reorientarse, pero, lógicamente, después de esos 30 días tiene que estar en disposición de participar en cursos de formación y de aceptar ofertas de trabajo", afirma el ministro de Trabajo.

Si no lo hace, "está en su perfecto derecho -reconoció-, pero eso es incompatible con la prestación por desempleo", precisó.

No obstante, el responsable de Trabajo rechazó que esta modificación conlleve la sospecha de que los parados no quieren trabajar.

Los motivos son otros, a su juicio. "Una persona desempleada tiene que reciclarse y con este fin los servicios públicos de empleo y, en el futuro, las agencias privadas de colocación, tendrán que desempeñar un papel más activo", zanjó.

Los sindicatos no tienen la misma percepción y acusan al Gobierno de aplicar "una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones" al dar por hecho que sistemáticamente se niegan a aceptar las acciones de formación que se les ofertan.

Para Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CCOO, "cada día que habla Corbacho existen más razones para la huelga del 29 de septiembre", porque el Gobierno, en lugar de buscar soluciones, se dedica a "criminalizar a los parados".

En el resto de europa

UGT critica con dureza los vaivenes del Ejecutivo y lo que considera su visión desenfocada del problema del desempleo.

Recuerda que, mientras en el resto de Europa el 29,5% de las inversiones en políticas activas de empleo van a mejorar los servicios que han de facilitar la consecución de un puesto de trabajo, en España a ese fin se dedica tan sólo el 16,5%.

Por el contrario, el 29,7% de la cifra total está dirigido a proporcionar subvenciones a empresas.

En relación con el marco general de la reforma, Górriz señaló que plantearla por el trámite de urgencia "con alevosía y premeditación" en vacaciones "a espaldas de lo que debería ser un debate" supone que se "está desvalorizando el papel del Parlamento".

Por ello, hizo un llamamiento al Gobierno para que retire el decreto ley, al tiempo que lamentó que algunas cuestiones se hayan pactado con grupos políticos, "y eso duele", subrayó.

Toni Ferrer (UGT) criticó que el PP vuelva a reproducir sus enmiendas sobre los convenios colectivos, que el PNV intente "romper con la libertad sindical" y que CiU insista en sus planteamientos sobre las causas de extinción del contrato, "que da más poder al empresario".

También censuró que el PSOE tenga "un afán privatizador del sistema público de gestión del desempleo".