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Los ministros de Economía de los 27 ratificaron ayer "por unanimidad" el acuerdo alcanzado la semana pasada entre la presidencia belga y la Eurocámara para reforzar el sistema europeo de supervisión financiera con el objetivo de prevenir futuras crisis.

La reforma creará a partir del 1 de enero de 2011 un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la coordinación entre supervisores nacionales.

El Parlamento europeo ha logrado que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Gracias a las presiones de la Eurocámara, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya una vulneración de la legislación comunitaria.

En todo caso, las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.

Además de las tres autoridades de supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación. Sin embargo, las medidas correctivas que aconseje para evitar una crisis no tendrán carácter vinculante.

El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las tres nuevas autoridades de supervisión.