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La Inspección de Trabajo en Navarra, en colaboración con delegación de la Tesorería de la Seguridad Social, acaba de desmontar recientemente una empresa creada en Pamplona y dedicada a estafar prestaciones por desempleo. Según datos de la propia Inspección, la empresa estaba domiciliada en el Casco Antiguo y simulaba mantener relación laboral con unos trabajadores para obtener indebidamente prestaciones por desempleo. "La plantilla estaba compuesta por ocho trabajadores, pero ninguno de ellos prestaba un servicio real. No trabajaban. Cuatro de los trabajadores ya estaban cobrando la prestación por desempleo, un derecho para el que se exige un mínimo de doce meses de alta en la Seguridad Social", explica el director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary Pagola.

La empresa estaba en teoría ligada al mundo de la construcción, ya que realmente no realizaba ningún actividad. Era una empresa ficticia. El empresario no pagaba a la Seguridad Social las cuotas mensuales por los trabajadores y acumulaba una deuda con la Caja Única de 100.000 euros.

¿Cómo puede ser que si la empresa no cotizaba los trabajadores acumularan meses de alta y, por tanto, tuvieran derecho a cobrar paro? El director de la Inspección, Guillermo Dachary explica que el hecho de que una empresa no pague las cuotas a la Seguridad Social no impide que el trabajador, el día de mañana y si tiene derecho, acceda a cobrar el desempleo. "Es una trama con el claro ánimo de tener acceso a prestaciones que, de otra forma no se tendría derecho, sin ingresar ningún tipo de cotizaciones. Estaban dados de alta, pero no había nada detrás". Tanto el empresario como los trabajadores eran de origen rumano, de manera que el alta en la Seguridad Social les reportaba otros beneficios como la renovación de permisos de trabajo (se exige un tiempo mínimo de alta) y de estancia.

Los primeros indicios llegaron en agosto del año pasado, cuando la Tesorería detectó que la empresa no estaba al corriente del pago de sus cotizaciones e informó de ello a la Inspección de Trabajo . Guillermo Dachary destaca otras colaboraciones, como la de la oficina de extranjería en Pamplona y la de la Hacienda foral y del resto de entidades "con las que tenemos un protocolo de colaboración para luchar contra el fraude y la economía sumergida. "Por ejemplo, el apoyo de la hacienda foral fue importante para demostrar que no había actividad detrás de la empresa. Si no hay IVA, contratos, declaraciones de IRPF, impuestos, etc es evidente que esa empresa no está operando", apunta Dachary.

La Inspección cerró el expediente el pasado mes de mayo. A partir de ese momento, dictaminó las bajas de oficio de los ocho trabajadores ficticios en la Seguridad Social, propuso el cese del cobro de la prestación por desempleo para las cuatro personas que ya lo estaban cobrando y se les ha exigido la devolución de las prestaciones cobradas indebidamente, un proceso que gestiona el organismo pagador, el Servicio Público de Empleo Estatal. Por último, se ha multado con 12.000 euros al empresario. "Las deuda con la Seguridad Social no se pueden reclamar porque no había actividad".

Investigan otras 6 empresas "también ficticias y con ánimo defraudatorio"

La empresa recién desmantelada parece que será la primera de otras que, en estos momentos, todavía investiga la delegación de la Inspección de Trabajo. "Tenemos en cartera otros seis casos más", explica el delegado provincial de la Inspección, Guillermo Dachary. Ligadas al sector de la construcción y la agricultura, "su elemento común es que, en los seis casos, hay indicios que son empresas que, realmente, detrás de ellas no hay actividad profesional alguna y que la única pretensión de su constitución es facilitar el acceso de los trabajadores a prestaciones a las que, de otra forma, no tendrían derecho".

De momento , aunque avanzados, los seis expedientes siguen su curso con el fin de obtener el máximo de pruebas e indicios que corroboren el ánimo defraudatorio de los empresarios. "Son procesos largos porque hay que citar a todos , comparecer, cumplir unos plazos, etc".

"Es un fraude muy ligado a la crisis, impensable hace cuatro años"

La creación de empresas ficticias con el objetivo de lograr antigüedad en la Seguridad Social y, por tanto, generar derecho a diferentes prestaciones (desempleo, pensión, etc) es un tipo de fraude "novedoso", según califica el director provincial de la Inspección de Trabajo, Guillermo Dachary. Asegura rotundo que hace cuatro años era "impensable" que alguien se dedicara a crear este tipo de empresas, por lo que relaciona esta modalidad defraudatoria con la crisis y la vertiginosa escala del paro en los últimos tres años. "Antes de la crisis se perseguía la falta de alta de los trabajadores en la Seguridad Social y ahora nos encontramos con altas que no deben producirse. Y es que el problema hoy para muchas personas es mantenerse en el sistema de alta de la Seguridad Social de cara a futuras prestaciones ante la carencia de trabajo". Así, la crisis ha obligado a las diferentes administraciones a una mayor coordinación para evitar el fraude y detectar los nuevos modus operandi.