Temas:  morosidad

La morosidad se ha convertido en una de las grandes lacras en la situación de crisis actual. Periodicamente se publican los ratios de morosidad que soportan los bancos y las cajas, pero tan importante como estos datos, o más, es la morosidad que se produce entre empresas, entre particulares y desde las Administraciones Públicas hacia quienes les prestan productos y servicios.

"La morosidad es una apisonadora. Es un tsunami que arrasa con cualquier signo de recuperación", alerta la PMcM, plataforma de la que a continuación recogemos algunas reflexiones elocuentes.

El presidente de la PMcM, Rafael Barón, ha recordado que "los impagos o retrasos en la liquidación de facturas constituyen una de las principales causas del cierre de empresas, despidos y de la falta de competitividad de las empresas, una lacra que hace mella en España, país que se ha situado en la cola europea en cuanto al tiempo medio de pago (103 días), solo superado por Grecia (125 días), mientras que la media europea es de 62 días.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha elevado al Parlamento Europeo la decisión de acabar en España con el trato de favor que en materia de morosidad se brinda a distribuidores y grandes almacenes, instando al organismo a que dictamine cuál de las dos leyes -contradictorias entre sí- prevalece: si la 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales -que elimina la dilación abusiva de los plazos de pago-, o la LORCOMIN -que exime al sector de la gran distribución comercial de cumplirla-, siendo ésta la causante de que miles de empresas no cobren sus servicios hasta pasados más de 200 días en muchas ocasiones.

La pregunta parlamentaria trasladada a la Comisión por el diputado de CiU, Ramón Tremosa i Balcells, cuestiona si es admisible "después de la aprobación de la reforma de la Directiva 2000/35/CE, que en España, en aplicación del apartado 4 del artículo 17 de la LOCM (Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), dentro de la legalidad, la gran distribución y los grandes almacenes puedan seguir liquidando sus facturas a los vendedores de artículos que no sean de alimentación, ni gran consumo (por ejemplo, los electrodomésticos, muebles, menaje, herramientas, etc.), con aplazamientos de pago superiores a 120 días -sin fijar ningún límite legal de plazo en días, por lo que un contrato que determine 240 días estaría dentro de la legalidad, si les dan a los proveedores una (teórica) garantía bancaria y que esta situación se prolongue indefinidamente en aplicación de la norma dispuesta en este artículo".

Según Barón, "en la modificación de 2010 de la Ley de Morosidad, lo más importante que logramos fue que se eliminara la posibilidad de que las partes pactaran un plazo de pago mayor al establecido en esa nueva Ley (30 días para el sector público y 60 para las empresas, lo que se conseguiría escalonadamente en 2013 como máximo, con un período transitorio fijado para este año en 85 días), por lo que no es comprensible que se tenga que esperar a esa fecha para acabar con el trato de favor a distribuidores y grandes almacenes y, mientras tanto, este sector continúe asfixiando a miles de empresas con su abusiva demora en los pagos".

La deuda municipal

Pero, tan sangrante como el hecho denunciado es que según datos del Banco de España, la deuda municipal del año pasado alcanzaba los 35.000 millones de euros. En este sentido, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, asegura que "si fuéramos capaces de inyectar los 30.000 millones de euros de la línea ICO se reducirían inmensamente los plazos medios de pago de la Administración local y, sobre todo, se salvarían multitud de empresas y puestos de trabajo, por lo que esta partida no sería un gasto sino una inversión, porque habría empresas que pagarían impuestos y trabajadores a los que no se les tendría que pagar el paro y, además, estarían cotizando.

Cañete afirma que "no solo sacaríamos a flote el pago de la deuda de los ayuntamientos sino que además comenzaríamos a trabajar en la dirección correcta, ya que no es comprensible que la Administración haya ayudado al sistema financiero con 15.000 millones de euros para el tema del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que todavía no haya puesto sobre la mesa las ayudas pertinentes para afrontar las deudas que tiene comprometidas con sus proveedores ella misma, ya sea el Gobierno central, los autonómicos o los locales".

Plataforma multisectorial contara la morosidad