El acto de firma tuvo lugar ayer en el Palacio de Navarra y al mismo han asistido Jesús María Sos Arizu, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra; Carlos Izkue Montejo, decano en funciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra; y Gaspar Domench Arrese, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra. Otras administraciones y colegios profesionales podrán adherirse al acuerdo.

El convenio marco contempla la revisión de procedimientos para posibilitar su simplificación, introduce la tramitación digital y recoge la delegación de funciones de la Administración Foral en los tres colegios. Entre esas funciones delegables – para materializarlas será preciso firmar un nuevo convenio- está la acreditación de que la documentación que se remite a la Administración está completa y se adecua a lo exigido por la normativa.

Este ‘visado documental’ evitará los supuestos de requerimientos y subsanaciones y agilizará la tramitación de los procedimientos, de forma prioritaria si afectan a la puesta en marcha de actividades económicas, caso de las licencias. Es complementario al visado que avala que el proyecto ha sido diseñado por un profesional. Además, los colegios podrán asumir el ‘visado de idoneidad’, una certificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas. La Administración se reservará la facultad de inspección.

Por su parte, mediante el convenio el Gobierno se compromete a facilitar protocolos actualizados que recojan los trámites, requisitos y documentación necesaria para cada procedimiento de su competencia y a reconocer los visados. También divulgará el contenido del acuerdo entre los distintos departamentos y pondrá en marcha en breve un sistema telemático, a modo de repositorio, para facilitar el archivo y consulta de los proyectos técnicos y los visados, paso previo a la tramitación electrónica integral, sin papel.

El consejero Caballero subrayó que este conjunto de iniciativas persiguen “modernizar y hacer más eficaz” la Administración, de modo que los agentes sociales y económicos puedan iniciar y desarrollar sus iniciativas en un plazo más breve, sin trabas administrativas, peregrinajes ni “dobles controles que no por ello eran más eficaces“, “lo cual abaratará el proceso y estimulará la actividad económica”. Por su parte, en representación de los colegios Gaspar Domenech ha indicado que este acuerdo constituye una “oportunidad” para los colegios pero también “una obligación” ante una sociedad cada vez más exigente, también con aspectos referidos a la seguridad.