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21 de Noviembre de 2008


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La normativa europea establece la obligación de las empresas de utilizar las mejores técnicas con el fin de reducir las emisiones contaminantes derivadas de sus actividades industriales.
27/01/2004 CEIN
Las emisiones y desechos derivados de la actividad industrial constituyen un serio obstáculo en la lucha por mantener el equilibrio entre la civilización y la naturaleza. El reto actual está en hacer que el desarrollo de la industria no conlleve necesariamente un deterioro del medio ambiente.
La legislación medioambiental de la Unión Europea pretende, mediante la transposición de sus normas al conjunto legislativo de cada estado, reducir las acciones agresivas con el medioambiente provenientes de distintas actividades.
Con el objeto de disminuir la contaminación proveniente de las instalaciones industriales –sobre todo de las compañías metalúrgicas, químicas, energéticas, minerales y de gestión de residuos, que son las que sustentan un nivel de contaminación más elevado- y las actividades agrícolas, la Unión Europea publicó en octubre de 1996 la directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC).
Esta directiva pretende prevenir y reducir la contaminación del agua, aire y suelos de forma integrada, estableciendo unas obligaciones fundamentales relativas al vertido de residuos industriales en cualquiera de los tres medios. Regula, además, otros aspectos como la utilización de la energía, la producción de residuos y la limpieza de las zonas industriales.
En este sentido, establece un sistema de solicitud de las autorizaciones para la explotación de las instalaciones industriales y fija las exigencias mínimas requeridas en estas autorizaciones (máximo nivel de emisión de sustancias contaminantes, control de vertidos, etc.).
Ya que esta normativa se dirige tanto a las instalaciones industriales nuevas como a las ya existentes, la UE prevé un periodo para la aplicación de sus medidas que vence el 30 de octubre de 2007, dejando en manos de los estados miembros el control de su ejecución.
Por esta razón, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una Guía de Mejores Prácticas con el objetivo de facilitar información que ayude a las empresas al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la directiva IPPC.
Además, diferentes administraciones han dispuesto ayudas económicas que impulsen la adaptación de las instalaciones industriales a las exigencias comunitarias. Es el caso del Gobierno Foral, que el pasado 21 de enero publicó en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de subvenciones para la prevención, reducción y control del impacto medioambiental de la actividad industrial.
En concreto, las subvenciones pretenden cubrir hasta un límite máximo del 75% de los costes de las actividades realizadas, según sea el tamaño de la empresa y el objeto de la inversión. Las medidas de prevención, corrección y control del impacto ambiental subvencionadas se pueden dividir en seis grupos:
Cumplir con las exigencias europeas en materia medioambiental no sólo es una obligación, sino que se convierte en una ventaja en la medida en que una sólida gestión medioambiental reduce los costes productivos, mejora los resultados económicos y refuerza la imagen corporativa de la compañía en su compromiso con el equilibrio natural.
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