Legislación

Sobre la Ley Foral de Intervención para la protección ambiental

Esta ley convierte a Navarra en una de las pocas comunidades españolas con sistema propio de intervención ambiental, cubriendo muchas de las lagunas que existen sobre esta materia.

07/09/2005 Universidad Pública de Navarra (Documentación)

La Ley Foral de Intervención para la protección ambiental (Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo) supone un hito normativo de fundamental importancia para la defensa y conservación del medio ambiente en Navarra.

Esta Ley Foral regula distintas formas de intervención pública de diversa intensidad sobre las actividades de incidencia ambiental relevante para prevenir, reducir y controlar la contaminación como medio de alcanzar la máxima protección del medio ambiente en su conjunto.

Así, se regulan en Navarra, por primera vez, la autorización ambiental integrada; la evaluación de impacto ambiental, tanto la estratégica de planes y programas, como la de proyectos; y se actualizan otros controles como la autorización de afecciones ambientales y la licencia de actividad clasificada.

También se establecen en la Ley Foral los mecanismos de garantía de estos instrumentos de intervención preventiva como son la inspección ambiental; la restauración de la legalidad ambiental, que incluye la responsabilidad por los daños ambientales; y el establecimiento de un régimen sancionador para quien vulnere las disposiciones de la propia Ley Foral.

Esta ley es necesaria porque ni Europa ni España disponen de un modelo de intervención ambiental para autorizar y controlar aquellas actividades que puedan producir daños al medio ambiente. De hecho, sólo Cataluña y Castilla-León cuentan con su propio sistema de intervención ambiental. Por ello, es una ley innovadora que convierte a Navarra en una de las pocas comunidades españolas que tienen su propio sistema de intervención ambiental.

Basada en principios del derecho europeo

La conservación y restauración del medio ambiente es uno de los principios básicos del ordenamiento ambiental y, por lo tanto, las administraciones no pueden olvidar su responsabilidad en esta materia. Precisamente, la ley navarra se sustenta en principios básicos del derecho europeo tales como la acción preventiva, la restauración de los daños o las sanciones económicas para quienes actúen de manera perjudicial para el medio ambiente. No obstante, por sí sola, esta ley sólo sirve de referencia para saber cuál es el modelo de intervención en Navarra en materia ambiental, por lo que es necesario articular normas sustantivas claras que determinen cómo hay que actuar en materia de residuos, de protección de las aguas, etcétera.

Todo ello, sin perder de vista que algunas empresas ya superan esa visión limitada de pagar las sanciones que la administración les impone por causar daños al medio ambiente como si fuesen cánones por contaminar. Muchas de ellas han empezado a darse cuenta de que les resulta más rentable hacer estudios de impacto ambiental y adoptar medidas de prevención del medio ambiente que pagar las sanciones, lo cual supone un cambio de actitud importante en la protección del entorno.

Al mismo tiempo, sería efectivo instaurar otro tipo de sanciones dirigidas a que los consumidores cambien sus hábitos y no compren productos de empresas que contaminan, concienciación que llegará gracias a la educación ambiental desde las escuelas. Así, si el empresario ve que puede ser competitivo y los consumidores prefieren los productos de los que no contaminan, apostará fuerte por el medio ambiente.

También es imprescindible contar con una administración ambiental fuerte. Aunque nunca llegará a ser como la administración tributaria, se tiene que aproximar y, para ello, se necesitan medios económicos, porque las campañas de formación y concienciación dirigidas a las empresas debieran ir acompañadas de incentivos económicos, ya que, si no se ayuda al sector empresarial a incorporarse adecuadamente y a tener asumida la preocupación ambiental, costará más trabajo y tiempo llegar a una situación aceptable. No obstante, en muchas ocasiones, estos incentivos económicos son una utopía al no existir recursos presupuestarios suficientes, pero también al haber algunos obstáculos y prohibiciones europeas que impiden a España proporcionar determinadas ayudas y estímulos económicos a sus empresas.

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