Legislación

Defensa legal de la producción agrícola ecológica

Cada vez es mayor la demanda de productos ecológicos. Éstos han sido sometidos desde hace varios años al control de una legislación que se ha ido modificando, para poder ofrecer calidad y merecer la confianza de los consumidores.

14/11/2006 consumer.es

Algunos estudios destacan que en los últimos años se ha incrementado la demanda de alimentos ecológicos en el ámbito de la Unión Europa. Esta circunstancia ha conllevado, irremediablemente, un aumento significativo de la superficie agrícola cultivada para la obtención de estos productos mediante métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Para aumentar también la confianza de los consumidores hacia estos productos se ha elaborado una legislación específica.

Una legislación específica sobre producción agrícola ecológica ha contribuido a una mayor demanda de los consumidores europeos, que atribuyen mayor importancia a la calidad de los alimentos y a la transparencia en su elaboración. El aumento de confianza respecto a estos productos se ha intentado obtener a través de la creación de un sistema de etiquetado ecológico y de control capaz de transmitir al consumidor la garantía de que el producto goza de los atributos ecológicos que comunica en relación al uso de técnicas agrarias que excluyen productos químicos de síntesis (como fertilizantes, plaguicidas, y otros). El objetivo es preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Todo ello a cambio de un precio, normalmente, más elevado.

En algunos supuestos concretos los tribunales de justicia han tenido que poner cierto orden en la utilización de denominaciones específicas en el etiquetado de determinados alimentos y a la permisión legal de algunos Estados miembros a esta acción. Las luchas legales y judiciales acabaron con la aprobación de un Reglamento comunitario y la adaptación del mismo al derecho español, mediante un Real Decreto aprobado a finales de 2005.

España, pionera en legislación y producción
España es pionera en cuanto a normativa específica relativa a agricultura ecológica. En 1989 ya se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica de Agricultura Ecológica y su Consejo Regulador, que fue el encargado inicialmente de controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional. Tuvieron que pasar aún dos años más hasta que el legislador comunitario aprobara en 1991 el Reglamento sobre la «Producción Agrícola Ecológica» y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, que supuso una primera armonización legislativa sobre la materia en todos los Estados miembros.

Con posterioridad, el legislador español no tuvo más remedio que adaptarse a los parámetros legales comunitarios, aprobando en 1993 un Real Decreto que establece la nueva regulación de agricultura ecológica basada en el Reglamento comunitario, especialmente sobre etiquetado de los productos agrarios, producción y transformación de los productos obtenidos mediante este tipo de agricultura, así como a la importación de terceros países. En estos momentos, las comunidades autónomas empiezan a asumir las competencias de control de este sistema de producción.

La previsión legislativa ha permitido que España se sitúe a la cabeza de la UE en cuanto a producción ecológica se refiere. Desde 1991 hasta la fecha se ha pasado de algo más de 4.000 hectáreas cultivadas a alrededor de 750.000, y de unos 400 operadores a aproximadamente unos 18.000. Sin embargo, este hecho diferenciador nada tiene que ver con el consumo de alimentos ecológicos, que en España rondaba hace apenas unos años el 0,5% del total nacional; a diferencia de otros países de la UE, como Alemania, con un 10% o Dinamarca, con un 30%.

El sistema de control
La creciente demanda de productos agrarios y alimenticios, con menciones que indican o sugieren a los compradores que se han obtenido de forma ecológica o sin utilización de productos químicos de síntesis, requiere un adecuado sistema de control que permita preservar los intereses de los consumidores y de los operadores económicos. En este sentido, y durante los últimos años, las normas comunitarias sobre producción, etiquetado y control han desplegado toda su eficacia para proteger la agricultura ecológica, garantizando la protección de los derechos de los consumidores, y preservando unas condiciones de competencia leal entre los operadores económicos. La transparencia y la pérdida del anonimato en todas las fases de producción, elaboración y comercialización de los productos ecológicos han permitido una mayor credibilidad y confianza de los consumidores.

A tal fin, la normativa comunitaria establece los principios mínimos que deberán observarse para que el producto pueda presentarse con indicaciones propias de la producción agrícola ecológica. Deben cumplirse así prácticas concretas sobre el uso de fertilizantes o pesticidas que puedan tener efectos desfavorables para el medio ambiente o dar lugar a la presencia de residuos en los productos agrarios; cumplir las condiciones de utilización de determinados productos no químicos de síntesis; y utilizarse sólo aquellos productos que estén previamente autorizados para este tipo de agricultura.

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