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La patente comunitaria, un proyecto pendiente

Esta licencia europea única armonizará las legislaciones relativas a patentes de toda la UE y se configurará como una eficaz herramienta para salvaguardar la propiedad industrial de las empresas en el continente.

13/05/2002 CEIN

Una de las más importantes estrategias para proteger los inventos técnicos de las empresas contra los competidores y las falsificaciones son, junto al registro de las marcas y los modelos de utilidad, las patentes industriales.

Biotecnología, agroalimentación y máquina herramienta son las actividades que más registran su propiedad industrial. Sin embargo, España patenta sólo una pequeña parte de su producción tecnológica y gran parte de los productos que patenta tienen su origen en empresas de capital extranjero. En general, la Unión Europea está todavía muy por detrás de Estados Unidos y Japón en el área de las patentes de alta tecnología, uno de los instrumentos más importantes para impulsar el desarrollo de la I+D.

De hecho, muchas de las empresas no encuentran la necesidad de patentar sus productos de ingeniería y sus avances técnicos, o no han valorado todavía las ventajas que les pueden proporcionar estas licencias. Esto se debe a la todavía escasa cultura innovadora en las empresas españolas y la poca tradición existente en materia de propiedad industrial.

Sin embargo, la petición y concesión de patentes se considera como un estímulo al espíritu innovador ya que, gracias a ellas, se consiguen los derechos para disfrutar en exclusiva de un producto, sin temor a las desagradables copias o imitaciones de la competencia.

Otra de las ventajas de las patentes es que no tienen por qué pertenecer a la empresa creadora durante toda la vida, sino que pueden venderse a otra compañía cuando el titular crea necesario. Estas licencias son, asimismo, una garantía para el consumidor, ya que aseguran la calidad de aquellos productos patentados.

Cuando el Estado concede una patente, otorga al titular los derechos para explotar su invento en un periodo de 20 años. Aunque las empresas europeas pueden registrar estas licencias en las oficinas de su propio país, también pueden solicitarlas ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). Una vez concedido el certificado por esta entidad europea, el titular obtiene la protección de su invento en todos los países comunitarios, aunque recibiendo en cada uno de ellos la protección industrial nacional correspondiente.

Las patentes tienen que luchar contra la piratería y la imitación de productos de ingeniería que, según la Cámara Internacional de Comercio, representan entre el 5 y el 7% del comercio global de artículos. Esta lucha muchas veces acaba en los juzgados, donde las empresas defienden sus patentes de los falsificadores a base de pleitos judiciales. Si el producto está certificado con la patente europea, esta defensa legal puede ocasionar altos costes económicos y lentos procesos sumariales a las empresas, sobre todo si tienen que adaptar su defensa a cada una de las diferentes legislaciones europeas vigentes en cada país.

En este sentido, dentro de las medidas programadas por la UE para equiparar sus inversiones en I+D con las de Estados Unidos, uno de sus principales competidores -para el año 2010 se pretende aumentar el presupuesto europeo destinado a innovación del 1,9% del PIB actual al 3%, un porcentaje similar al estadounidense-, destaca la patente comunitaria. Esta licencia, al contrario de la actual patente europea, será de carácter único para todos los países de la Unión. Por ello, no estará sometida a cada una de las diferentes jurisdicciones nacionales, sino que se regirá por una única normativa administrativa y procesal.

Con esta medida se ahorrará en el tiempo para realizar los trámites burocráticos correspondientes en cada nación, así como en el dinero destinado a los costos procesales en la defensa de las patentes, ya que una armonización legislativa de estos certificados unificará las normas legales y eliminará cualquier tipo de sentencia contradictoria.

El proyecto de la patente comunitaria nació en el Convenio de Luxemburgo de 1977, donde se diseñó el marco jurídico que regularía la licencia comunitaria única. Desde entonces ha estado paralizado, debido básicamente a problemas lingüísticos, ya que el coste de la traducción de los documentos de cada patente al idioma de cada país miembro incrementaría en un 40% el valor total del certificado.

Más recientemente, en la Cumbre Europea de Barcelona del pasado marzo, se instó al Consejo de Ministros de la UE a que desbloquease el acuerdo sobre la patente comunitaria. En todos estos años muchas voces han propuesto la adopción del inglés como lengua oficial de las patentes europeas, para que se agilice la institución de la licencia única.

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